Bruselas ya ha realizado varios intentos de conciliar la vida profesional y laboral, con una ambiciosa propuesta para ampliar a 20 semanas de permiso de maternidad —proyecto que después redujo a 18— y que nunca prosperó. La comisaria Marianne Thyssen vuelve ahora a la carga con un paquete que incluye cuatro meses de permiso retribuido —como si se estuviese de baja por enfermedad, es decir, una excedencia pero retribuida— para cada progenitor y no transferible que se podrá coger hasta los 12 años del niño. Además, fija un mínimo de 10 días de permiso de paternidad (en el caso de España ya es de un mes, pero hay países donde no está garantizado), y cinco días para cuidar a los hijos en caso de enfermedad.
Sobre todo las madres
En algunos países de la Unión Europea los progenitores no reciben ninguna prestación económica al progenitor que haya tomado uno de esos permisos parentales —en España suelen ser excedencia por cuidado de hijo—. Es el caso de España, Chipre, Grecia, Irlanda, Holanda o Malta. Otros, como Austria o Luxemburgo ofrecen una cantidad fija que varía entre los 139 de Polonia y los 1.778 de Luxemburgo. Permisos paternales que, no obstante, se toman mayoritariamente las mujeres, que suelen sumarlos a los permisos de maternidad. Algo que, según las expertos que reclaman permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, no contribuye a reducir la brecha de género y la desigualdad. De hecho, sólo un 10%, de media, de los permisos parentales los disfrutan los padres, según datos del Parlamento Europeo de 2015.
Bruselas espera que los costes de estas medidas para las empresas no sean excesivos, y puedan ser compensados por los Estados. “Las brechas de sexo” en el mercado laboral europeo “son más acusadas en los casos de padres con responsabilidades familiares”, asegura el texto; las mujeres suelen acceder a trabajos a tiempo parcial para cuidar niños y mayores y eso redunda en tasas de empleo inferiores y en sueldos y pensiones mucho más bajos que los de los hombres. Para reducir distancias, Bruselas propone normas más flexibles y fijar en toda Europa permisos de paternidad, que ni siquiera existen en algunos Estados miembros. Es el caso de Chipre o Eslovaquia, cuyas legislaciones no obligan a los empleadores a dar un permiso de paternidad. También cambiará las cosas en Italia, donde ese permiso es apenas de un día. Irlanda lo introdujo en 2016. España, amplió ese permiso para el segundo progenitor a cuatro semanas en enero. Recientemente, la operadora de telecomunicaciones Vodafone ha manifestado su interés por contratar a mujeres que hayan hecho una pausa en su trabajo para cuidar a sus hijos.
Influencia en el Brexit
Más allá de la directiva de conciliación, muchas de las medidas que se anuncian hoy —las relativas a la dimensión social de la libre circulación de personas, por ejemplo— podrían tener impacto en la negociación sobre el Brexit: Bruselas ha subrayado que Reino Unido deberá cumplir con toda la legislación social si quiere un acuerdo comercial después del divorcio. “Algunos países argumentan que la legislación europea en asuntos sociales lastra el crecimiento, que los costes de la burocracia son elevados, en articular para las pymes, y que los estándares sociales europeos, desde la protección al consumidor hasta las normas medioambientales, provocan que las empresas europeas estén en desventaja”, asegura el documento sobre el pilar social que desarrolla el Libro Blanco presentado hace unas semanas. Ese documento vuelve a presentar cinco escenarios: seguir igual, dejar la UE en el mercado único, permitir las múltiples velocidades, hacer menos pero mejor, y finalmente dar un salto federal. Si los 27 eligen las diversas velocidades, los derechos de los ciudadanos “variarán dependiendo de si un país elige hacer más o no”.
En los viejos buenos tiempos, Europa era una especie de “máquina de la convergencia”: el mercado interior y los fondos europeos facilitaban la reducción de la brecha de renta per cápita. Ese ciclo se acabó. Los documentos que dará a conocer hoy la Comisión Europea admiten que, a pesar de la recuperación, las divergencias entre países y regiones persisten: “En los últimos años, la convergencia se ha desacelerado considerablemente, incluso se ha detenido”.
España, que superó la renta per cápita europea antes de la crisis, está ahora claramente por debajo de la media de la eurozona, situada en torno a los 30.000 euros anuales; incluso por debajo de la media de la UE a 27. Con índices de pobreza y de desigualdad al alza. Y con una tasa de paro que solo supera Grecia y que está muy lejos del 5% de Alemania. “La crisis ha afectado a Europa por diferentes vías, pero particularmente a sus jóvenes generaciones”, asegura el documento. “Por primera vez desde la II Guerra Mundial, hay un riesgo real de que los jóvenes vivan peor que sus padres”, admite Bruselas.
